Como se ha puesto de manifiesto en los últimos años, muchas de las actividades humanas pueden y suelen tener un impacto diferente para las mujeres que para los hombres.
De igual manera que tomar determinadas decisiones políticas o económicas (por ejemplo, subir las tarifas eléctricas en los hogares) puede influir de manera diferenciada para las personas con rentas más altas y para las que las tienen más bajas (lo que en lenguaje común entiende todo el mundo como clase social aunque el término sociológico es mucho más complejo), estas mismas decisiones políticas o económicas pueden influir de manera diferenciada para mujeres y hombres (género social). En este último caso no se trata de impactos sobre la biología de las personas o sobre su condición sexual, sino sobre el papel que, tradicionalmente se les ha asignado a ambos -mujeres y hombres- como sujetos sociales adscribiéndolos a determinados roles sociales y estableciendo desigualdades entre ambos.
Analizar, pues, las políticas, decisiones o los hechos lingüísticos, sociales, económicos, culturales, etc. desde una perspectiva de género es, pues, tomar en consideración las repercusiones que estas políticas, decisiones o hechos pueden tener para mujeres u hombres (somo sujetos sociales y no como sujetos biológicos), y ver si dichas medidas ahondan la desigualdad histórica entre los géneros o la perpetúan.
La constatación de que determinadas medidas urbanísticas pueden tener efectos perniciosos sobre el medio ambiente, ha conducido a realizar estudios de impacto ambiental previos a la construcción de una determinada infraestructura como una carretera, por ejemplo. De igual forma, la constatación de que determinadas medidas de índole social, sanitaria, cultural, educacional, laboral, salarial, política, económica, presupuestaria, etc. afectan de distinta manera a mujeres y hombres, ha llevado a elaborar estudios de impacto de género antes de tomar cualquier decisión o actuación política o económica. A este respecto es muy ilustrativa la noticia aparecida ayer en un diario: Un juez decidirá si los Presupuestos cumplen las normas de igualdad: Denunciadas las cuentas del Estado por evitar el informe de Impacto de Género, El País, 20-06-08.
En castellano no contábamos con ningún término para designar este concepto, ya que no se corresponde con el concepto de sexo biológico. Los estudios de género comenzaron a realizarse en los países anglosajones y en estos se usa la palabra gender para referirse al género en este sentido, pero pronto dichos estudios se expandieron por Europa, recalando también en nuestro país, donde existen cátedras y universidades dedicadas a los Estudios de género desde hace ya muchos años. En castellano, la palabra género procede del latín, y esta nueva acepción no altera ninguna de las que ya existían. Además, se trata de un término procedente de una disciplina de nuevo cuño que ha pasado a utilizarse en la lengua común.
Los conocimientos especializados requieren de un lenguaje específico e inequívoco para, sin ambigüedades, poder transmitir ese conocimiento y, de esta forma, nació el concepto de género, entendido como construcción social, y no como hecho biológico. Sin embargo, resulta muy ilustrativo comprobar que cuando los conocimientos parten de expertas y no de expertos, se ponen en cuestión no sólo dichos estudios, sino incluso los términos que se utilizan para designar los nuevos conceptos, a pesar de que exista una extensa literatura escrita que fundamenta su uso y sin tener en cuenta que existen un gran número de universidades, cátedras y escuelas en nuestro país donde se imparte la disciplina de los Estudios de género.
Los miembros de la RAE pueden creer que no existen los agujeros negros, oponerse a ellos por sistema o desconocer por completo lo que entraña este fascinante concepto -como la mayoría de los mortales, por otro lado-, sin embargo, no pueden empecinarse en mantener el término género fuera del diccionario en un lugar invisible del espacio cósmico.
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